Autor: Juan Ferrando Badia (q.e.p.d.)
una lesión a la Constitución
Juan Ferrando Badia
A pesar de tener algunos aspectos ya superados por lo vertiginoso de los acontecimientos internacionales; a pesar de que aún quedan importantes aspectos de la vida política por regular, y a pesar de su deliberada y pactada ambigüedad, la Constitución española de 1978 ya ha superado la duración media de las constituciones de este país, y vistos los procedimientos cautelares tomados por los diputados constituyentes para su reforma, parece evidente su duración, al menos mientras siga el actual equilibrio de fuerzas políticas.
En los últimos años de vigencia constitucional ha habido algunos amagos -más o menos evidentes- de intentos de lesión del primer texto legal español, como la llamada autodeterminación, o como algunas alusiones desafortunadas sobre la legitimidad de la Corona, o los intentos de dominio "cultural" por parte de algunas comunidades autónomas, al tiempo que falta el esfuerzo definitivo para la consolidación de la democracia que prevé y establece la Constitución.
Quizás el principal problema con el que se ha tenido que enfrentar la Constitución española en estos años de vigencia haya sido el asunto de la autodeterminación, planteado por algunos partidos políticos del País Vasco, Cataluña y, aunque un poco de soslayo, también en la Comunidad Valenciana. Hay que volver a decir que las nacionalidades o regiones, históricas o no, carecen de poder constituyente capaz para darse sus propias constituciones. Por eso, precisamente, nuestra Constitución encarna un Estado autonómico y no federal. No cabe autodeterminación en el concepto de nación moderna, que sólo hay una y es España.
En el ámbito constituyente no existió acuerdo de dotar a las nacionalidades históricas de una mayor autonomía. Las llamadas nacionalidades históricas nunca fueron portadoras de un derecho de autodeterminación. Sólo hay que ver el diario de sesiones para saber que lo de nacionalidades históricas coincide con lo que los italianos llamaron "regiones especiales". Pero se prohibió expresamente la inclusión de la autodeterminación, que fue propuesta por el diputado vasco Letamendia para ser añadida en el Título VIII. Este supuesto "derecho" a la autodeterminación exige una reforma de la Constitución.
Me preocupan las alusiones, sobre todo las más escandalosas e injustificadas, aunque no las únicas, que declaraban que el Rey no había sido elegido por el pueblo. Hay que decir que según nuestro orden constitucional, las posturas de desacato al Rey constituyen un insulto y un desacato al pueblo español.
La abdicación del conde de Barcelona el 14 de mayo de 1977 supone una legitimidad dinástica, aunque no democrática. Pero la Ley para la Reforma Política del 4 de enero de 1977 establece la figura del Rey como pieza clave de la nación, lo que se prevé y consolida en la Constitución, sancionada por más del 87 % de los españoles.
En el artIculo 56.1 de la misma, se estable la Corona como símbolo de unidad y permanencia para el funcionamiento regular de las instituciones; luego cuando se silba al Rey se está silbando al pueblo español. Además, yo pienso que un presidente de la república, teniendo en cuenta la partidocracia actual y el grado presumible de politización, no podría presentarse como el símbolo de la unidad de España, que tan bien representa el Rey, no adscrito a ningún partido ni miembro de ningún grupo de presión.
La consolidación democrática ¿es una asignatura pendiente de la Constitución?
Sí. Desde la perspectiva sociohistórica, el gran reto vigente en España es la consolidación democrática. Con la entrada en vigor de la Constitución se culminó la transición político-legal del régimen autoritario del franquismo a una democracia pluralista con una monarquía parlamentaria; pero aún no podemos afirmar que haya culminado la transición socio-política, o lo que es lo mismo, que hayan quedado marginados hábitos y pautas de conducta autoritarios que todavía continúan, siendo compartidos -quizás inconscientemente- tanto por la clase gobernante como por los que pretenden gobernar.
La partidocracia y la ausencia de estructuras democráticas internas en los partidos son los peores obstáculos para que España viva una democracia más madura y adulta.
La solución a estos problemas ¿reside en la profundización en la autonomía?
La autonomía no es más que un derecho a acceder, y cuanto más se potencien las señas de identidad más accederemos a ese derecho; esto se dificulta en el caso valenciano por varias razones, todas ellas perfectamente conocidas.
Quien "siembra vientos recoge tempestades", y lo que hoy se presenta como "una realidad cultural", mañana será política, ya que lo que se pretende es el dominio político de la Comunidad Valenciana por una unidad política y jurídica superior. La Comunidad Valenciana no puede quedarse cruzada de brazos ante este tipo de afirmaciones, indirectamente políticas, porque cuando nos demos cuenta habrá sido expoliado nuestro patrimonio cultural.
Juan Ferrando Badia
A pesar de tener algunos aspectos ya superados por lo vertiginoso de los acontecimientos internacionales; a pesar de que aún quedan importantes aspectos de la vida política por regular, y a pesar de su deliberada y pactada ambigüedad, la Constitución española de 1978 ya ha superado la duración media de las constituciones de este país, y vistos los procedimientos cautelares tomados por los diputados constituyentes para su reforma, parece evidente su duración, al menos mientras siga el actual equilibrio de fuerzas políticas.
En los últimos años de vigencia constitucional ha habido algunos amagos -más o menos evidentes- de intentos de lesión del primer texto legal español, como la llamada autodeterminación, o como algunas alusiones desafortunadas sobre la legitimidad de la Corona, o los intentos de dominio "cultural" por parte de algunas comunidades autónomas, al tiempo que falta el esfuerzo definitivo para la consolidación de la democracia que prevé y establece la Constitución.
Quizás el principal problema con el que se ha tenido que enfrentar la Constitución española en estos años de vigencia haya sido el asunto de la autodeterminación, planteado por algunos partidos políticos del País Vasco, Cataluña y, aunque un poco de soslayo, también en la Comunidad Valenciana. Hay que volver a decir que las nacionalidades o regiones, históricas o no, carecen de poder constituyente capaz para darse sus propias constituciones. Por eso, precisamente, nuestra Constitución encarna un Estado autonómico y no federal. No cabe autodeterminación en el concepto de nación moderna, que sólo hay una y es España.
En el ámbito constituyente no existió acuerdo de dotar a las nacionalidades históricas de una mayor autonomía. Las llamadas nacionalidades históricas nunca fueron portadoras de un derecho de autodeterminación. Sólo hay que ver el diario de sesiones para saber que lo de nacionalidades históricas coincide con lo que los italianos llamaron "regiones especiales". Pero se prohibió expresamente la inclusión de la autodeterminación, que fue propuesta por el diputado vasco Letamendia para ser añadida en el Título VIII. Este supuesto "derecho" a la autodeterminación exige una reforma de la Constitución.
Me preocupan las alusiones, sobre todo las más escandalosas e injustificadas, aunque no las únicas, que declaraban que el Rey no había sido elegido por el pueblo. Hay que decir que según nuestro orden constitucional, las posturas de desacato al Rey constituyen un insulto y un desacato al pueblo español.
La abdicación del conde de Barcelona el 14 de mayo de 1977 supone una legitimidad dinástica, aunque no democrática. Pero la Ley para la Reforma Política del 4 de enero de 1977 establece la figura del Rey como pieza clave de la nación, lo que se prevé y consolida en la Constitución, sancionada por más del 87 % de los españoles.
En el artIculo 56.1 de la misma, se estable la Corona como símbolo de unidad y permanencia para el funcionamiento regular de las instituciones; luego cuando se silba al Rey se está silbando al pueblo español. Además, yo pienso que un presidente de la república, teniendo en cuenta la partidocracia actual y el grado presumible de politización, no podría presentarse como el símbolo de la unidad de España, que tan bien representa el Rey, no adscrito a ningún partido ni miembro de ningún grupo de presión.
La consolidación democrática ¿es una asignatura pendiente de la Constitución?
Sí. Desde la perspectiva sociohistórica, el gran reto vigente en España es la consolidación democrática. Con la entrada en vigor de la Constitución se culminó la transición político-legal del régimen autoritario del franquismo a una democracia pluralista con una monarquía parlamentaria; pero aún no podemos afirmar que haya culminado la transición socio-política, o lo que es lo mismo, que hayan quedado marginados hábitos y pautas de conducta autoritarios que todavía continúan, siendo compartidos -quizás inconscientemente- tanto por la clase gobernante como por los que pretenden gobernar.
La partidocracia y la ausencia de estructuras democráticas internas en los partidos son los peores obstáculos para que España viva una democracia más madura y adulta.
La solución a estos problemas ¿reside en la profundización en la autonomía?
La autonomía no es más que un derecho a acceder, y cuanto más se potencien las señas de identidad más accederemos a ese derecho; esto se dificulta en el caso valenciano por varias razones, todas ellas perfectamente conocidas.
Quien "siembra vientos recoge tempestades", y lo que hoy se presenta como "una realidad cultural", mañana será política, ya que lo que se pretende es el dominio político de la Comunidad Valenciana por una unidad política y jurídica superior. La Comunidad Valenciana no puede quedarse cruzada de brazos ante este tipo de afirmaciones, indirectamente políticas, porque cuando nos demos cuenta habrá sido expoliado nuestro patrimonio cultural.
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