jueves, 4 de abril de 2013

COMPANYS: LA VERDADERA HISTORIA



 Autor: Mateo Requesens

¿Era Luís Companys el líder democrático que hoy se pretende rehabilitar? Nada más lejos de la realidad. Companys no era un revolucionario obrerista, se trataba de un burgués de izquierdas, por tanto con unas raíces filosóficas relacionadas más con el individualismo y relativismo, que con el totalitarismo marxista, pero que no le impidió adoptar posturas frontalmente contrarias a la convivencia democrática.

Companys un personaje mediocre, mezquino y oportunista, con una ideología bastante simplona, de corte jacobino, que evolucionó de la indiferencia e incluso antipatía por el catalanismo al autonomísimo, para terminar en el separatismo cerril, pero que le permitió adaptarse a las circunstancias cambiantes de una época de efervescencia política. Al igual que su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, el perfil intelectual de Companys era bajo, su credo ideológico se baso en el aprovechamiento del sentimentalismo catalanista más elemental, para “llorar” y explotar los supuestos agravios históricos a que Madrid había sometido a Cataluña y conquistar un Estado Catalán, legitima aspiración que impedía la España reaccionaria.

La ERC se había formado a partir del partido Estat Catalá de Macía, un ex coronel del ejército que se había pasado del españolismo al catalanismo. Personaje, un tanto ridículo, que elucubraba desde Francia una invasión “liberadora” de Cataluña con apoyos de Moscú. A él se unió el grupo de Companys, un abogado que había adquirido cierto renombre defendiendo anarquistas y que presidía la agrupación Republicá Catalá, además participaban otros elementos procedentes del entorno del periódico L´Opinió. Se trata pues de un partido de oportunidad, que sólo logró protagonismo gracias a las negligencias y convulsiones que caracterizaron a la II República. No en vano, José Pla, el más insigne escritor de la cultura catalana, juzga a la Esquerra, diciendo que estaba “llena de los tópicos del humanismo más insincero y tronado”.

La proclamación de la II República da la posibilidad a este grupúsculo de obtener un protagonismo impensable frente al nacionalismo moderado de Cambó y la Lliga, hasta entonces principal representante del catalanismo. Maciá secundado por Companys, concejal electo, se apropia el día 14 de abril de 1931, por la vía de hecho del ayuntamiento y diputación de Barcelona proclamando la República Catalana. Normalizada la situación institucional ERC, aprovecha la popularidad ganada por el golpe de efecto que aunó republicanismo y catalanismo en el momento más oportuno, y obtiene en Cataluña, en las primeras elecciones republicanas, un magnifico resultado, que una vez aprobado el polémico estatuto de autonomía de Cataluña, catapultó, primero a Macía, y tras su muerte a Companys, a la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

Instalado en el poder Companys apostó por un separatismo cada día más extremista. Con ocasión de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo de la Generalidad, por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales creado por el gobierno Azaña, que estimó un recurso de la Lliga, es decir del catalanismo de derechas, al considerar que el parlamento catalán había vulnerado el reparto de compendias al entrar a regular tal cuestión, Companys, en vez de acatar la decisión judicial decidió forzar un enfrentamiento con la autoridades republicanas en Madrid, que habían cambiado de signo tras las elecciones de 1933.

Companys se negó deliberadamente a la salida negociada del conflicto, acudiendo a la demagogia ramplona de siempre, para espolear los sentimientos catalanistas, presentando la cuestión como una afrenta del gobierno de centro-derecha, y en definitiva de España, a los catalanes. Companys dijo que los catalanes sufrían una agresión “de los lacayos de la monarquía y de las huestes fascistas monárquicas” y advirtió, en clara incitación al uso de la fuerza, que no se repetirían las ocasiones en que los catalanes habían sido injuriados y no habían sabido responder con la violencia precisa. Mientras el órgano de ERC, el diario L´Opinió proclamaba: “El parlamento catalán, que es soberano responderá a España […] ¡No somos más que catalanes¡, y en el Parlamento en Madrid, el portavoz de ERC denunciaba las “agresiones tan manifiestas a la autotomía de Cataluña” y la retirada de las Cortes de su formación.

Companys siguió alimentando el fuego de la radicalización. Instaló como conseller de gobernación a Dencás otro patético personaje, que imitando los aspavientos teatrales de Maciá, había creado los “escamot” una milicia de atrezo para el partido, a modo de bufa imitación de los fascios italianos, que hacía gala de un furibundo credo secesionista. El conflicto entre Generalidad y Estado se saldó con un acuerdo por el que la Ley se adaptaba en su reglamento a las peticiones del gobierno central. Sin embargo la violencia había anidado en el ánimo de la sociedad catalana, y la quema del Palacio de Justicia de Barcelona por unos nacionalistas exaltados, anunciaba que más que una solución, se abría un paréntesis en espera de acontecimientos.

Y estos llegaron el de 6 de octubre de 1934. Companys, prisionero de sus proclamas catalanistas, rehén de su discurso demagógico que había buscado la rebeldía popular apostó por la total ruptura con la legalidad democrática republicana alzándose en armas en connivencia con el PSOE en lo que fue, ni más ni menos, que un intento de golpe de estado. La disculpa, la entrada en el gobierno del partido más votado en las últimas elecciones, la derechista CEDA. Companys, desde los balcones de la Generalidad lanzó la siguiente arenga: “Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a acá pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho publicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra; los núcleos que predican constantemente el odio y la guerra contra Cataluña, constituyen hoy el soporte de las instituciones. Todas las fuerzas auténticamente republicanas y los sectores sociales avanzados, sin excepción ni distinción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalidad, que, desde este momento, rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el estado Catalán dentro de la República Federal Española …”

Companys contaba con los aproximadamente 3.400 escamots de Dencás y Badia y unos 400 mozos de escuadra al mando de Pérez Farras, tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil, pese a su dependencia formal de la Generalidad, no se sumaron a la intentona golpista. La intervención en Barcelona de las tropas del ejército leales a la República, compuestas de unos 500 hombres, bajo el mando del general Batet frustraron el golpe, sin apenas resistencia de los nacionalistas, que se rindieron tras los primeros intercambios de disparos. Los escamots salieron huyendo, demostrando que apenas servían para algo más que desfilar y fanfarronear ante pusilánimes tenderos. En cuanto a los rabassaires, pequeños agricultores catalanes, cuyo apoyo popular esperaba la Esquerra, no se embarcaron en la insensata aventura de Companys. El pronunciamiento había comenzado el 6 de octubre y finalizó la mañana del día 7, apenas había durado unas horas, pero la estúpida ambición de Companys dejó aproximadamente 73 muertos innecesarios.

Detenido y juzgado el sedicioso presidente de la Generalidad fue condenado a 30 años de prisión. Con el triunfo del Frente Popular en 1936 Companys salió de la cárcel, e increíblemente, pese a su reciente pasado delictivo fue restablecido en su cargo de Presidente de la Generalidad, como si nada hubiese pasado. De lo poco arrepentido que estaba de su actuación antidemocrática, y de lo poco que le importaban las vidas de los ciudadanos da fe el propio Azaña, que critica la intención de Companys una vez excarcelado, de presentarse inmediatamente en Barcelona para “tomar posesión del gobierno por la fuerza”, “disparate colosal, repetir otro 6 de octubre, y hacérmelo a mí”.

Desde la cárcel Companys había jugado sus bazas políticas al colaborar en la tarea del Frente Popular de atraerse los votos de los anarquistas. La Esquerra envió al diputado Trabal, que en compañía de Salvat y Farreras, negoció con los líderes anarquistas su apoyó electoral. A cambio exigían la entrega de armas, quedando muy patente que la intención de las fuerzas revolucionarias no acababa en la obtención de una victoria electoral.

Durante los meses de violencias que siguieron, la CNT se cobró su tributo a la contribución que en votos hizo para el triunfo del Frente Popular. En Cataluña una Generalidad sobrepasada “tolero” sus desmanes, que llegaron hasta el asesinato de los famosos hermanos catalanistas Badia, que tan activamente habían participado en el levantamiento de la Generalidad en octubre del 34.

El alzamiento militar del 18 de julio fracasa en Cataluña. Companys y la Esquerra no tienen escrúpulo alguno en coaligarse con la CNT para prescindir del gobierno central e instaurar de facto un régimen semiindependiente en Cataluña. El terror que despliegan los milicianos se ve respaldado legalmente por Companys, que el 23 de julio de 1936 promulga un decreto que dice: “La rebelión fascista ha sido vencida por el heroísmo popular y el de las fuerzas locales. Precisa, pues, acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes y prevenirse contra los posibles peligros de fuera. Por tanto a propuesta de la presidencia, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, decreto lo siguiente: 1º Se crean las milicias ciudadanas para la defensa de la República y la lucha contra el fascismo y la reacción … 2º En toda Cataluña se constituirán los Comités locales de defensa que deberán obrar de acuerdo con el Comité Central”.

La actuación de esos comités y milicias, tuvo como resultado el asesinato en Cataluña de 8.000 personas durante 1936, según estimaciones del propio Companys y el destacado miembro de ERC, Jaime Miravitlles. El número de ejecuciones fue tan elevado en las primeras semanas, y la represión tan brutal, que el propio Companys tuvo que protestar ante el Comité Central controlado por los anarquistas García Oliver y Peiró. En noviembre de 1936 disuelve la Oficina Judicial controlada por la CNT sustituyéndola por los Tribunales Populares, que se habían creado en el mes de octubre. La relación simbiótica de la Esquerra de Companys con el anarquismo finalizó en abril de 1937. En dichas fechas los comunistas del PCE, muy fortalecidos por la importante presencia militar y política soviética en España, pretendían dominar al resto de organizaciones obreras y los resortes de poder de la República. En Cataluña los comunistas coaligados con socialistas en el PSUC pretendían acabar con el dominio de los anarquistas. Durante los meses de marzo y abril se habían producido secuestros y asesinatos entre miembros de las organizaciones obreras enfrentadas. Companys barruntando el cambio de vientos, se alía con los comunistas, y permite que la Generalidad practique numerosas detenciones de anarquistas tras el asesinato del líder del PSUC Roldán Cortada el 25 de abril. El 3 de mayo los comunistas, con el beneplácito de Companys ocupan el edificio de Telefónica de Barcelona, baluarte del anarquismo y por tanto autentica provocación, que desemboca en un levantamiento armado de la CNT y el POUM, que es sofocado en pocos días. La represión posterior, que se hace especialmente cruenta entre los miembros del POUM, incrementada tras el ascenso de Negrin a la jefatura de la República, nos añade 500 asesinatos más en suelo catalán permitidos por el gobierno de Companys.

La represión se atempera durante los años 1937 y 1938, para volver a subir en 1939, barajándose un total de al menos 2.300 ejecuciones más en el territorio catalán.

Finalizada la contienda civil, Companys huye a Francia donde es detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades españolas que tras un juicio militar condenan a muerte al que fuera presidente de la Generalidad.

El balance no puede ser más siniestro, son dos los hechos criminales que se deben imputar a Luis Companys y Jover. Por lado un levantamiento armado contra la legalidad democrática, que provoca decenas de muertos en octubre de 1934, y por otro la responsabilidad política y personal directa en la represión en Cataluña durante la Guerra Civil, represión que Companys no solo no desconocía y permitía, sino que apoyó con sus medidas legislativas y de gobierno. De aplicarse las mismas normas procesales y penales que se utilizaron durante el juicio de Nuremberg contra los dirigentes nazis, a la conducta de Companys, seguramente habría acabado, al igual que los jefes nazis, colgando de una soga. El hecho de que acabase sus días ante un pelotón de fusilamiento franquista no cambia los graves crímenes de guerra que cometió.

Un artículo de Mateo Requesens para MDC
2  de noviembre del 2004

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