Autor: Pepe Guillén Milla
INTRODUCCIÓN
Con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, se cierra el periodo de la dictadura política más larga que sufrió España en los últimos siglos.
El 14 de abril de 1931 se instauró en España la II República, dando por acabada la Monarquía en el momento en el que el rey Alfonso XIII se exilió, junto con su familia, en Italia, poniendo la excusa de que “no quería que la presencia de su figura en España fuera motivo de enfrentamiento entre los españoles que mayoritariamente se habían decantado por la instauración de la II República”. La transformación política emanó de unas elecciones municipales, el 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se levanto republicana.
Los Borbones siempre se han caracterizado por su acomodamiento a las circunstancias políticas de los gobiernos instaurados, dejando hacer a todos siempre que su “modus vivendi” sea protegido y no perjudicado. En el caso más reciente de la historia de España, la decisión del general Franco de la restauración de la monarquía en la persona del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, -que viene reinando con el nombre de Juan Carlos I-, lo designó como su sucesor y, en función de la Constitución Española de 1978, es nombrado como Jefe del Estado y sin ningún tipo de decisión política en el gobierno de la nación, como constitucionalmente está establecido. Esta situación es la más cómoda para un rey que solo figura como representante del Estado, siendo el mejor regalo que se le podía haber hecho a este borbón, pues que no puede intervenir para nada en las decisiones políticas del gobierno y, además de ello, tampoco quiere, a pesar de las muchas tropelías y desmanes que se les ocurren a los partidos que han compuesto y componen los gobiernos en nuestra incipiente democracia.
Hoy hay que hacer un poco de historia y dejar constancia que fue con la Casa de los Borbones con quien nuestra Reino de Valencia perdió sus Fueros y Privilegios, de los que venía gozando desde la conquista del reino moro de Valencia por el rey Jaime I, el Conquistador, en 1238, y que durante siglos fueron jurados por los distintos reyes que ocuparon la dinastía valenciana durante la Edad Media, Fueros y Privilegios que nos había distinguido como pueblo entre los restantes de la península ibérica.
La Guerra de Sucesión entre la Casa de los Austrias y los Borbones, en 1707, consecuencia de la muerte de Carlos II, el Hechizado, sin descendencia, la perdieron los austracistas y, aunque no podemos saber a horas de ahora cual podía haber sido el destino de nuestro Reino de Valencia como a súbditos de los Austrias, está claro que los borbones remataron nuestra identidad y raíces culturales valencianas, lo que en el transcurso de los años ha devenido en el genocidio cultural de nuestro pueblo.
Desde la instauración de la II República el caos político representó en España su seña de identidad más patente. Los partidos políticos, sumidos en guerras internas y externas, en guerras entre partidos y, en no pocas ganas de hacerse con el poder, mediante los oportunos y diferentes golpes de estado que se sucedieron en aquellos turbulentos años de la década de los 30 del siglo XX.
La revolución de Asturias, octubre de 1934, y la consiguiente radicalidad de los partidos de izquierdas, hicieron que España fuera ahogándose en las miserias políticas de los hombres que tenían la obligación de darle tranquilidad y prosperidad al pueblo, el único que tiene el derecho a que se le gobierne con honradez y bienestar, cosa que los políticos, de cualquier ideología y en cualquier tiempo, no ponen en práctica, dedicándose única y exclusivamente, en primer lugar, al bienestar propio y a que, en segundo lugar, su partido esté en el poder el mayor tiempo posible.
En las elecciones del mes de febrero de 1936 resultó con mayoría absoluta la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo presiente, José María Gil Robles, tenía que ser el encargado de formar gobierno. Como la derecha siempre ha sido y es un partido cobarde y más preocupado por su imagen y por lo que puedan decir de ellos que por la defensa de su españolidad, desistió de su derecho a cambio de las mollitas de dos ministerios, y cedió el gobierno al Frente Popular (Partido Socialista, Ezquerra catalana y la CNT), empezando los enfrenamientos entre las juventudes socialistas y la Falange (Partido de derecha liberal liderado por José Antonio Primo de Rivera). Se producen muertos en ambos bandos y el gobierno radical disfrazado de II República, armó a los sindicatos de izquierdas produciéndose una situación política y social que desembocó en el alzamiento de militares adictos a la república entre los que, como más representativo y líder, fue el General Franco.
Con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, se cierra el periodo de la dictadura política más larga que sufrió España en los últimos siglos.
El 14 de abril de 1931 se instauró en España la II República, dando por acabada la Monarquía en el momento en el que el rey Alfonso XIII se exilió, junto con su familia, en Italia, poniendo la excusa de que “no quería que la presencia de su figura en España fuera motivo de enfrentamiento entre los españoles que mayoritariamente se habían decantado por la instauración de la II República”. La transformación política emanó de unas elecciones municipales, el 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se levanto republicana.
Los Borbones siempre se han caracterizado por su acomodamiento a las circunstancias políticas de los gobiernos instaurados, dejando hacer a todos siempre que su “modus vivendi” sea protegido y no perjudicado. En el caso más reciente de la historia de España, la decisión del general Franco de la restauración de la monarquía en la persona del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, -que viene reinando con el nombre de Juan Carlos I-, lo designó como su sucesor y, en función de la Constitución Española de 1978, es nombrado como Jefe del Estado y sin ningún tipo de decisión política en el gobierno de la nación, como constitucionalmente está establecido. Esta situación es la más cómoda para un rey que solo figura como representante del Estado, siendo el mejor regalo que se le podía haber hecho a este borbón, pues que no puede intervenir para nada en las decisiones políticas del gobierno y, además de ello, tampoco quiere, a pesar de las muchas tropelías y desmanes que se les ocurren a los partidos que han compuesto y componen los gobiernos en nuestra incipiente democracia.
Hoy hay que hacer un poco de historia y dejar constancia que fue con la Casa de los Borbones con quien nuestra Reino de Valencia perdió sus Fueros y Privilegios, de los que venía gozando desde la conquista del reino moro de Valencia por el rey Jaime I, el Conquistador, en 1238, y que durante siglos fueron jurados por los distintos reyes que ocuparon la dinastía valenciana durante la Edad Media, Fueros y Privilegios que nos había distinguido como pueblo entre los restantes de la península ibérica.
La Guerra de Sucesión entre la Casa de los Austrias y los Borbones, en 1707, consecuencia de la muerte de Carlos II, el Hechizado, sin descendencia, la perdieron los austracistas y, aunque no podemos saber a horas de ahora cual podía haber sido el destino de nuestro Reino de Valencia como a súbditos de los Austrias, está claro que los borbones remataron nuestra identidad y raíces culturales valencianas, lo que en el transcurso de los años ha devenido en el genocidio cultural de nuestro pueblo.
Desde la instauración de la II República el caos político representó en España su seña de identidad más patente. Los partidos políticos, sumidos en guerras internas y externas, en guerras entre partidos y, en no pocas ganas de hacerse con el poder, mediante los oportunos y diferentes golpes de estado que se sucedieron en aquellos turbulentos años de la década de los 30 del siglo XX.
La revolución de Asturias, octubre de 1934, y la consiguiente radicalidad de los partidos de izquierdas, hicieron que España fuera ahogándose en las miserias políticas de los hombres que tenían la obligación de darle tranquilidad y prosperidad al pueblo, el único que tiene el derecho a que se le gobierne con honradez y bienestar, cosa que los políticos, de cualquier ideología y en cualquier tiempo, no ponen en práctica, dedicándose única y exclusivamente, en primer lugar, al bienestar propio y a que, en segundo lugar, su partido esté en el poder el mayor tiempo posible.
En las elecciones del mes de febrero de 1936 resultó con mayoría absoluta la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo presiente, José María Gil Robles, tenía que ser el encargado de formar gobierno. Como la derecha siempre ha sido y es un partido cobarde y más preocupado por su imagen y por lo que puedan decir de ellos que por la defensa de su españolidad, desistió de su derecho a cambio de las mollitas de dos ministerios, y cedió el gobierno al Frente Popular (Partido Socialista, Ezquerra catalana y la CNT), empezando los enfrenamientos entre las juventudes socialistas y la Falange (Partido de derecha liberal liderado por José Antonio Primo de Rivera). Se producen muertos en ambos bandos y el gobierno radical disfrazado de II República, armó a los sindicatos de izquierdas produciéndose una situación política y social que desembocó en el alzamiento de militares adictos a la república entre los que, como más representativo y líder, fue el General Franco.
Estamos en julio de 1936 y en el comienzo de la guerra civil española. La fratricida guerra duró casi tres años hasta que el bando de los nacionales se proclamó vencedor, dando por finalizada la situación de caos político creado en España por las fuerzas de frente popular.
Con esta victoria comenzó el periodo de dictadura política en España que duró hasta 20 de noviembre de 1975, prácticamente los cuarenta años en que gobernó Franco.
En los años de la posguerra se pasaron muchas calamidades, poco a poco se fue saliendo del agujero y recuperándose la normalidad en la vida de los pueblos. Lógicamente, según el pensamiento del general Franco, fueron anuladas muchas libertades de las que el pueblo gozaba en los años de la II República pero, a cambio, todo hay que decirlo, se gozaba de una tranquilidad social que en años posteriores, durante la actual democracia, no podemos disfrutar.
Y llegamos al año 1975. El testamento político de Franco dejó para España una monarquía orgánica con un jefe de estado, a título de rey, en la persona de Juan Carlos de Borbón, hijo del único heredero legal de la Corona de España, Don Juan de Borbón que, en función de las conveniencias del caudillo, pasó de ser el heredero a ser una mera comparsa en un acto público en que fue obligado a renunciar a su derecho sucesorio en beneficio de su hijo Juan Carlos que, en con irrespetuosidad hacia su padre, aceptó el nombramiento, no sin antes jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, creado por el dictador en sus años de gobernante absoluto y dictatorial de España.
A raíz de ese momento se inicia el proceso de democratización de España y la consiguiente decisión de dividir la nación española en autonomías, apremiándose todas las regiones españolas a proclamar su gobierno preautonómico, hasta que las Cortes Españolas aprobaran los correspondientes estatutos de autonomía. Y Valencia no fue menos. Y en ese momento histórico es cuando salen a la luz muchos “demócratas de siempre” que nunca, durante el gobierno de Franco, habían tenido la valentía de proclamar públicamente sus ideas políticas.
En Valencia, las diferentes fuerzas políticas en las que abundaban las de izquierdas, se nombra un Consell Preautonómico –lo que conocemos como el “Plenari”- encargado del gobierno provisional de la autonomía, así como también de la confección del Estatuto de Autonomía para presentarlo, de acuerdo con la Constitución Española, para su aprobación en las Cortes Generales del Estado.
La Constitución Española fue aprobada, en función de un amplio consenso de las fuerzas políticas, el 6 de diciembre de 1978.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado en función de la Ley 5/1982 de 1 de julio por las Cortes Españolas.
Hasta llegar a la confección definitiva del estatuto y por los intereses partidistas de los que tenían que redactarlo, y que lo estaban haciendo a espaldas del pueblo, su produjo lo que conocemos como la Batalla de Valencia. La Batalla de Valencia se nutrió de mucha gente valenciana y valencianista que tuvo la visión de futuro de lo que querían para nuestro Reino de Valencia, en contraposición a los intereses políticos que estaban consensuado en la “moqueta” (léase los despachos) lo que les daba la gana, sin tener en cuenta la importancia y la historia de nuestro Reino, que querían supeditarlo al proyecto catalanista de los Países Catalanes, donde nuestra bandera fuera la “márfega” (léase la cuatribarrada que Cataluña robó a Aragón); donde nuestra ascentral Lengua Valenciana fuera el catalán; donde el nombre histórico de nuestro Reino fuera el de “País Valenciano” y donde nuestro glorioso himno regional fuera relegado a la “muixeranga”, por el que apostaban los sectores pancatalanistas de dentro y fuera de nuestra tierra.
Hubieron manifestaciones, encierros de valencianistas en el Palacio de Benicarló, sede actual de las Cortes Valencianas, y otros actos reivindicativos de lo nuestro valenciano que, por el acorbadamiento que mostraron los negociadores del estatuto, se consiguió la Real Señera Coronada; se consiguió la denominación de Idioma Valenciano; se consiguió como Himno el del Maestro Serrano, o sea el que se compuso para la Exposición Regional Valenciana de 1909 y, como a un elemento más de la debilidad de los políticos, se negoció el nombre del territorio autonómico llegándose al de Comunidad Valenciana en lugar de Reino de Valencia, que por historia y tradición corresponde a nuestra tierra valenciana.
Y fue aprobado el estatuto por la vía del artículo 145 de la Constitución, en lugar del 151 que da más atribuciones a las autonomías que tienen el calificativo de “históricas”, pero ¿qué más histórico que nuestro Reino de Valencia?. En realidad la calificación de autonomías históricas que tienen las regiones cuyos estatutos se aprobaron en la II República, prácticamente pocos meses antes de estallar la guerra civil (1936-1939), proceso autonómico que se remató en la dicha guerra. Valencia no llegó a presentar su estatuto a tiempo.
Y así comienza y continúa la batalla pues los sectores catalanistas, apoyados por los regímenes catalán y pancatalanista, iniciaron la ofensiva a gran escala contra la cultura y la lengua propia de los valencianos.
De toda esta traición que se iba gestando contra nuestro Reino de Valencia, la mayoría del pueblo valenciano no se estaba dando cuenta de esta situación de lucha que mantenía el sector valencianista en contra del catalanismo. La prensa, debidamente aleccionada, omitía cualquier información y no publicaba nada de las situaciones que en la calle se provocaban en contra del poder establecido, los grupos de valencianos que veían como sus derechos históricos estaban siendo manipulados, amenzados y traicionados por los políticos del momento, aquellos políticos que tenían en sus manos la negociación del estatuto.
Pero a una parte de los valencianos si que le iban extrañando, por su injerencia en la historia y cultura valenciana, las actividades catalanistas, especialmente nacidas en la universidad, donde hacia tiempo que se habían contratado profesores catalanes para ir aleccionando a los estudiantes que, por su juventud y por debilidad de cerebro, eran un campo abonado para que fructificara la inmersión de lo catalán en el Reino de Valencia.
Y empieza a aparecer la denominación de “País Valenciano” para nuestra tierra nombre que, en el caso de su inclusión en el estatuto, nos introduciría todavía más al estrafalario proyecto de los Países Catalanes, donde querían engullirnos los poderes fácticos. Aprobado el estatuto comenzó a ponerse en marcha el mismo creándose los reglamentos oportunos para su aplicación.
Como digo antes, en el estatuto y debido a la presión que en la calle hicieron muchos valencianos, se ganó la denominación de Idioma Valenciano para nuestra histórica lengua, pero el triunfo del PSOE en las segundas elecciones autonómicas, fue el desencadenamiento de la inmersión catalanera en los colegios, instituciones, medios de comunicación, etc., política que el PP asimiló y que, además, tomó como propia, incrementándola, oficializando el catalán (disfrazado como lengua valenciana) por medio de la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, organismo constituido por veintiún académicos de marcada tendencia pancatalana-colaboracionista –lo que Ricardo de la Cierva define como “txacaltecas”, aquellos indígenas que ayudaron a Hernán Cortés en la conquista de Méjico-, para decirnos a los valencianos de que forma catalanista tenemos que hablar nuestro idioma. De tal manera que la inmersión lingüística iniciada por los socialistas en las postrimerías de los años setenta, continua manteniéndose por los populares, después de traidoras connivencias con las fuerzas políticas y culturales catalanistas.
Con esta victoria comenzó el periodo de dictadura política en España que duró hasta 20 de noviembre de 1975, prácticamente los cuarenta años en que gobernó Franco.
En los años de la posguerra se pasaron muchas calamidades, poco a poco se fue saliendo del agujero y recuperándose la normalidad en la vida de los pueblos. Lógicamente, según el pensamiento del general Franco, fueron anuladas muchas libertades de las que el pueblo gozaba en los años de la II República pero, a cambio, todo hay que decirlo, se gozaba de una tranquilidad social que en años posteriores, durante la actual democracia, no podemos disfrutar.
Y llegamos al año 1975. El testamento político de Franco dejó para España una monarquía orgánica con un jefe de estado, a título de rey, en la persona de Juan Carlos de Borbón, hijo del único heredero legal de la Corona de España, Don Juan de Borbón que, en función de las conveniencias del caudillo, pasó de ser el heredero a ser una mera comparsa en un acto público en que fue obligado a renunciar a su derecho sucesorio en beneficio de su hijo Juan Carlos que, en con irrespetuosidad hacia su padre, aceptó el nombramiento, no sin antes jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, creado por el dictador en sus años de gobernante absoluto y dictatorial de España.
A raíz de ese momento se inicia el proceso de democratización de España y la consiguiente decisión de dividir la nación española en autonomías, apremiándose todas las regiones españolas a proclamar su gobierno preautonómico, hasta que las Cortes Españolas aprobaran los correspondientes estatutos de autonomía. Y Valencia no fue menos. Y en ese momento histórico es cuando salen a la luz muchos “demócratas de siempre” que nunca, durante el gobierno de Franco, habían tenido la valentía de proclamar públicamente sus ideas políticas.
En Valencia, las diferentes fuerzas políticas en las que abundaban las de izquierdas, se nombra un Consell Preautonómico –lo que conocemos como el “Plenari”- encargado del gobierno provisional de la autonomía, así como también de la confección del Estatuto de Autonomía para presentarlo, de acuerdo con la Constitución Española, para su aprobación en las Cortes Generales del Estado.
La Constitución Española fue aprobada, en función de un amplio consenso de las fuerzas políticas, el 6 de diciembre de 1978.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado en función de la Ley 5/1982 de 1 de julio por las Cortes Españolas.
Hasta llegar a la confección definitiva del estatuto y por los intereses partidistas de los que tenían que redactarlo, y que lo estaban haciendo a espaldas del pueblo, su produjo lo que conocemos como la Batalla de Valencia. La Batalla de Valencia se nutrió de mucha gente valenciana y valencianista que tuvo la visión de futuro de lo que querían para nuestro Reino de Valencia, en contraposición a los intereses políticos que estaban consensuado en la “moqueta” (léase los despachos) lo que les daba la gana, sin tener en cuenta la importancia y la historia de nuestro Reino, que querían supeditarlo al proyecto catalanista de los Países Catalanes, donde nuestra bandera fuera la “márfega” (léase la cuatribarrada que Cataluña robó a Aragón); donde nuestra ascentral Lengua Valenciana fuera el catalán; donde el nombre histórico de nuestro Reino fuera el de “País Valenciano” y donde nuestro glorioso himno regional fuera relegado a la “muixeranga”, por el que apostaban los sectores pancatalanistas de dentro y fuera de nuestra tierra.
Hubieron manifestaciones, encierros de valencianistas en el Palacio de Benicarló, sede actual de las Cortes Valencianas, y otros actos reivindicativos de lo nuestro valenciano que, por el acorbadamiento que mostraron los negociadores del estatuto, se consiguió la Real Señera Coronada; se consiguió la denominación de Idioma Valenciano; se consiguió como Himno el del Maestro Serrano, o sea el que se compuso para la Exposición Regional Valenciana de 1909 y, como a un elemento más de la debilidad de los políticos, se negoció el nombre del territorio autonómico llegándose al de Comunidad Valenciana en lugar de Reino de Valencia, que por historia y tradición corresponde a nuestra tierra valenciana.
Y fue aprobado el estatuto por la vía del artículo 145 de la Constitución, en lugar del 151 que da más atribuciones a las autonomías que tienen el calificativo de “históricas”, pero ¿qué más histórico que nuestro Reino de Valencia?. En realidad la calificación de autonomías históricas que tienen las regiones cuyos estatutos se aprobaron en la II República, prácticamente pocos meses antes de estallar la guerra civil (1936-1939), proceso autonómico que se remató en la dicha guerra. Valencia no llegó a presentar su estatuto a tiempo.
Y así comienza y continúa la batalla pues los sectores catalanistas, apoyados por los regímenes catalán y pancatalanista, iniciaron la ofensiva a gran escala contra la cultura y la lengua propia de los valencianos.
De toda esta traición que se iba gestando contra nuestro Reino de Valencia, la mayoría del pueblo valenciano no se estaba dando cuenta de esta situación de lucha que mantenía el sector valencianista en contra del catalanismo. La prensa, debidamente aleccionada, omitía cualquier información y no publicaba nada de las situaciones que en la calle se provocaban en contra del poder establecido, los grupos de valencianos que veían como sus derechos históricos estaban siendo manipulados, amenzados y traicionados por los políticos del momento, aquellos políticos que tenían en sus manos la negociación del estatuto.
Pero a una parte de los valencianos si que le iban extrañando, por su injerencia en la historia y cultura valenciana, las actividades catalanistas, especialmente nacidas en la universidad, donde hacia tiempo que se habían contratado profesores catalanes para ir aleccionando a los estudiantes que, por su juventud y por debilidad de cerebro, eran un campo abonado para que fructificara la inmersión de lo catalán en el Reino de Valencia.
Y empieza a aparecer la denominación de “País Valenciano” para nuestra tierra nombre que, en el caso de su inclusión en el estatuto, nos introduciría todavía más al estrafalario proyecto de los Países Catalanes, donde querían engullirnos los poderes fácticos. Aprobado el estatuto comenzó a ponerse en marcha el mismo creándose los reglamentos oportunos para su aplicación.
Como digo antes, en el estatuto y debido a la presión que en la calle hicieron muchos valencianos, se ganó la denominación de Idioma Valenciano para nuestra histórica lengua, pero el triunfo del PSOE en las segundas elecciones autonómicas, fue el desencadenamiento de la inmersión catalanera en los colegios, instituciones, medios de comunicación, etc., política que el PP asimiló y que, además, tomó como propia, incrementándola, oficializando el catalán (disfrazado como lengua valenciana) por medio de la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, organismo constituido por veintiún académicos de marcada tendencia pancatalana-colaboracionista –lo que Ricardo de la Cierva define como “txacaltecas”, aquellos indígenas que ayudaron a Hernán Cortés en la conquista de Méjico-, para decirnos a los valencianos de que forma catalanista tenemos que hablar nuestro idioma. De tal manera que la inmersión lingüística iniciada por los socialistas en las postrimerías de los años setenta, continua manteniéndose por los populares, después de traidoras connivencias con las fuerzas políticas y culturales catalanistas.
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